A principios de julio, 130 países llegaron a un acuerdo histórico y establecieron un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales. Se espera que los Gobiernos ultimen detalles para octubre y que la medida entre en vigencia, formalmente, en 2023.

Pero… ¿Por qué esto es importante? Desde hace décadas, los gobiernos de todo el mundo debaten sobre la forma correcta de gravar a aquellas compañías que operan en múltiples países, en especial en los casos de «gigantes tecnológicos» como Facebook, Amazon o Google. Hasta ahora, las empresas podían establecer sucursales locales en Estados con muy poca carga impositiva y declarar sus ganancias allí, incluso si éstas provienen de ventas concretadas en otros países. Este acuerdo, en palabras del canciller de la Hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, podría ayudar a crear un «sistema fiscal más justo y adecuado para el Siglo XXI».

Entre otros puntos, la iniciativa incluye un conjunto de reglas que determinan dónde deben ser gravadas las compañías transnacionales. De este modo, busca evitar la evasión fiscal por parte de las empresas, que reportan sus ganancias en los países que cobran menos impuestos pese a que sus principales actividades económicas están localizadas en otro lugar. «(Las empresas) ya no podrán evitar pagar lo que deben ocultando las ganancias generadas en los Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones con impuestos más bajos», señaló al respecto el presidente norteamericano, Joe Biden.

Para ampliar: «5 claves para entender qué es un impuesto mínimo global a las multinacionales como el que respaldaron casi 140 países» (BBC Mundo, abril de 2021).

El contexto: cómo funciona el sistema fiscal internacional

Como explica en detalle este artículo de The Economist, las bases del sistema global de impuestos corporativos fueron establecidas un siglo atrás. Éste parte del principio de que la superposición de impuestos sobre la misma porción de ganancias puede frenar el comercio y el crecimiento, por lo que establece que los derechos impositivos corresponden, primero, al país en donde se registran las ganancias y, después, al lugar en el que la empresa matriz tiene su sede legal. Hasta el momento, el Estado en el que se producían las ventas de bienes o servicios era irrelevante.

Como resultado de estas disposiciones, ocurren dos fenómenos: por un lado, los Gobiernos compiten para atraer inversiones extranjeras ofreciendo tasas impositivas cada vez más bajas y, por otro, las empresas declaran sus ganancias en los llamados «paraísos fiscales», como las Islas Caimán, Irlanda y Singapur. En consecuencia, existe una brecha enorme entre los países en los que las multinacionales realmente operan y realizan sus ventas y aquellos en los que pagan sus tributos.

Esta problemática se agravó con el surgimiento de los «gigantes tecnológicos», como Facebook, Google o Amazon, y otras empresas que ganan dinero con servicios digitales o productos intangibles, como softwares. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las compañías transnacionales reportan el 25% de sus ganancias en paraísos fiscales, aunque solo el 11% de sus activos tangibles y menos del 5% de sus trabajadores tienen sede allí.

En el caso de firmas norteamericanas, se estima que el 60% de sus beneficios son registrados en el exterior. Como si fuera poco, en abril de 2021 trascendió que 55 transnacionales estadounidenses – incluyendo Nike, HP, FedEx, Salesforce y Booz Allen Hamilton – pagaron exactamente cero dólares en impuestos corporativos a la renta en el país. De hecho, recibieron un total de $ 3.5 mil millones en devoluciones de impuestos.

Para ampliar: «What could a new system for taxing multinationals look like?» (The Economist, mayo de 2021).

¿Qué cambia el acuerdo?

En concreto, el acuerdo se organiza en torno a dos pilares complementarios. Según el comunicado emitido por la OCDE, el primer pilar busca garantizar una distribución más justa de los beneficios y derechos fiscales entre países respecto a empresas multinacionales, incluyendo a las tecnológicas.

En esta línea, la medida reasigna parte de los derechos impositivos desde los países de origen de las compañías hacia los Estados en los que éstas operan, efectúan actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si mantienen o no presencia física. En otras palabras, los países podrán recaudar impuestos sobre las ganancias generadas por las grandes empresas en su territorio nacional, independientemente del lugar en el que la compañía registró su sede central. Esta disposición aplicará para toda empresa multinacional que tenga márgenes de ganancias superiores al 10%.

Por otro lado, el segundo pilar busca evitar lo que Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, denomina «una carrera hacia abajo»: países que compiten entre si para atraer mayores inversiones extranjeras, para lo cual disminuyen cada vez más su carga impositiva. En última instancia, esta situación genera una pérdida en la recaudación para todos los involucrados. «Este paquete no elimina la competencia fiscal. . . pero establece límites acordados multilateralmente», señaló el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. «También se adapta a los diversos intereses en la mesa de negociaciones, incluidos los de las pequeñas economías y de los países en desarrollo», agregó.

El verdadero impacto… en debate

Si bien la medida comprende al 90% de las economías del mundo – incluyendo a famosos paraísos fiscales como las islas Vírgenes Británicas o las Bermudas – aún hay nueve países que no forman parte, como Estonia, Hungría e Irlanda.

El impacto del acuerdo para las empresas y las economías de los países aún está por verse. Según el medio Financial Times, como resultado del acuerdo las multinacionales podrían verse forzadas a pagar hasta 100mil millones de dólares más en impuestos cada año. Sin embargo, los gigantes tecnológicos y otras grandes compañías recibieron favorablemente la noticia. «Apoyamos firmemente el trabajo que se está realizando para actualizar las normas fiscales internacionales. Esperamos que los países sigan trabajando juntos para garantizar un acuerdo equilibrado y duradero», afirmó en esta línea un portavoz de Google.

Por su parte, la OCDE – organización que lideró las negociaciones durante años – argumenta que los dos pilares mencionados otorgarán a los países involucrados mayor estabilidad para recaudar los ingresos necesarios para oxigenar sus presupuestos y balances, invertir en servicios públicos esenciales y acelerar la recuperación económica. «Después de años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su porción justa de impuestos en todas partes», señaló Cormann.

Si bien algunos ministros de Finanzas europeos trabajan desde hace años en el acuerdo, la crisis generada por la pandemia – que obligó a los Estados a aumentar sus gastos y deudas públicas – y la llegada de Biden a la Casa Blanca crearon una oportunidad. Aunque la OCDE afirma que la medida podría aumentar la recaudación global en 150.000 millones de dólares para 2023, se estima que cerca del 60% de esos fondos irán a parar a las arcas de los Estados que integran el G7: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón.

Las opiniones de los expertos, por otro lado, son diversas. Hay quienes argumentan que la medida se quedó corta e impuso un mínimo demasiado bajo, en especial para los países en desarrollo. «Es absurdo que el G7 afirme que está ‘revisando’ un sistema fiscal global quebrado estableciendo una tasa impositiva mínima similar a la que cobran los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur», señaló en esta línea Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam. «Están fijando una vara tan baja que las empresas pueden simplemente superarla», agregó.

Por otro lado, algunos expertos argumentan que la competencia tributaria favorece la eficiencia entre los países, del mismo modo que ocurre con la competencia entre las empresas privadas. «La competencia fiscal entre países es algo bueno, no es malo, como afirma Yellen», señaló Chris Edwards, director de Estudios de Políticas Tributarias del Instituto Cato en Estados Unidos, en diálogo con la BBC. «Yellen debería saberlo. Hasta cierto punto, la competencia fiscal reduce el poder monopolístico de los gobiernos», apuntó.

Sin embargo, otros analistas ven la iniciativa con buenos ojos y, pese a las dificultades que quedan por soslayar, lo consideran un avance hacia un sistema tributario más justo. Para el británico Nicholas Shaxson, autor bestseller e integrante de The Tax Justice Network, el acuerdo es un paso importante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que contribuye a la conformación de una economía global más sana y productiva. «Mayores impuestos corporativos transferirán las ganancias desde esquemas improductivos (como recompra de acciones o dividendos) hacia escuelas, investigación científica, infraestructura de energía sustentable, etc. El resultado debería ser economías y sociedades más saludables», afirmó en una columna publicada en Foreign Affairs.

En su opinión, la medida refleja un cambio central de paradigma en el sistema impositivo internacional. «Las multinacionales han estado pagando muy poco durante demasiado tiempo, aprovechando los bienes públicos pagados por todos los demás. De una forma u otra, en los próximos años, probablemente contribuirán mucho más», concluyó.

Para ampliar: «The Taxman Cometh» (Por Nicholas Shaxson en Foreign Affairs, 7 de julio de 2021).