La situación crítica que atraviesa Nicaragua llenó, en los últimos días, las páginas de muchos medios de la región. El país centroamericano se encuentra inmerso en una delicada situación política, con más de una decena de dirigentes y opositores detenidos a tan sólo cinco meses de las elecciones presidenciales y la herida de las protestas de 2018, ferozmente reprimidas, aún abierta.
Una ola de detenciones arbitrarias
En el último mes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó una oleada de detenciones contra más de una decena de líderes opositores, incluyendo a los cuatro precandidatos con mayores posibilidades de disputarle la elección presidencial del 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
«En los últimos 30 años, nunca había visto algo así. Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega», declaró al respecto el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, vía Twitter. Tristemente, no es la primera vez que el gobierno persigue y encarcela a sus opositores: según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en el país hay al menos 124 presos políticos desde 2018.
En esta oportunidad, dos leyes permitieron las detenciones: por un lado, la «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación» y por otro, la «Ley de Agentes Extranjeros», ambas sancionadas en 2020. Mientras que la primera impide que cualquier opositor considerado «golpista» o «traidor de la patria» pueda postularse a una elección, la segunda bloquea el financiamiento internacional a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y otras agrupaciones de la sociedad civil y los obliga a registrarse como «agentes extranjeros» para recibir fondos.
A ellas, se suma la «Ley Especial de Ciberdelitos», que establece una pena de 10 años de cárcel para todo aquel que publique o difunda información que autoridades nicaragüenses consideran «falsas», tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Daniel Ortega, un ex guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna el país ininterrumpidamente desde 2007 (con presidencias previas entre 1979 y 1990), busca asegurar su quinto mandato junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Tras la brutal represión de 2018, es acusado por la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria y corrupta, debilitando la institucionalidad democrática y buscando formas de perpetuarse en el poder.
Para ampliar: «Nicaragua: 4 claves de la oleada de detenciones de líderes opositores a cinco meses de las presidenciales» (Por BBC Mundo, 10 de junio de 2021).
El progresivo deterioro de la democracia nicaragüense
Pese a los recientes acontecimientos, la democracia en Nicaragua viene en marcado declive desde hace varios años. En 2014, Daniel Ortega avanzó con una reforma constitucional que le permitió presentarse a la reelección de manera indefinida, lo que para muchos marcó el inicio de su «giro autocrático».
El punto crítico, sin embargo, fue en 2018. En aquel año, estallaron una serie de masivas protestas contra el gobierno, cuya represión dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este último organismo acusó a las autoridades nicaragüenses de cometer crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales con conocimiento del presidente.
En aquel momento, el oficialismo calificó a los líderes de las manifestaciones como «terroristas» y los acusó de liderar un «intento de golpe de Estado», argumento que se sostiene hasta el día de hoy. «La justicia llega, tarda, pero llega» aseguró recientemente la vicepresidenta Murillo respecto a las detenciones de los dirigentes opositores que participaron de las marchas masivas tres años atrás.
Para el periodista y autor argentino Martín Caparrós – que cubrió las manifestaciones de 2018 – la violencia de aquel año rompió los vínculos entre el gobierno de Ortega y la elite que lo sostenía (empresarios, la cúpula de la Iglesia católica, entre otros), por lo que sus métodos para sostenerse en el poder se volvieron mucho más violentos. En esta línea, la Alta Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó días atrás que la crisis de 2018 «no sólo no presenta signos de haber sido superada, sino que se agudizó de manera alarmante».
Para ampliar: «El misterio de las revoluciones» (Por Martín Caparrós, New York Times, 29 de mayo de 2018).
La respuesta internacional y la abstención de Argentina
A nivel internacional, al régimen de Ortega le quedan pocos aliados, más allá de Cuba o Venezuela. En los últimos días, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó – con 26 votos positivos sobre un total de 34 – una resolución que insta al gobierno a liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y garantizar un proceso electoral limpio y transparente. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y la Unión Europea (UE) emitieron comunicados alineados con la declaración.
Dos países, sin embargo, votaron en contra de la resolución – Bolivia y San Vicente y Las Granadinas – y otros cinco se abstuvieron: Belice, República Dominicana, Honduras, México y Argentina, invocando el «principio de no intervención en asuntos internos».
«No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia«, afirmó la cancillería argentina en un comunicado, justificando una decisión muy cuestionada tanto a nivel internacional como doméstico. Horas después, y a modo de protesta por el accionar de Ortega, tanto el gobierno argentino como el mexicano decidieron llamar a consulta a sus respectivos embajadores.
Para algunos analistas, sin embargo, la posibilidad de que el régimen libere a los presos políticos es escasa. De acuerdo con Héctor Mairena, periodista y dirigente de la alianza «Unión Democrática Renovadora» – UNAMOS, Ortega busca cambiar el eje de la agenda pública. «Mientras nosotros, junto con la comunidad internacional, estamos demandando elecciones libres, ellos quieren cambiar la agenda, que nos concentremos en la liberación de los presos. Es un chantaje«, afirmó en diálogo con la periodista argentina Ayelén Oliva. No descarta incluso su utilización como «moneda de cambio» para lograr que Estados Unidos levante sus sanciones contra el país latinoamericano.
Para ampliar: «Nicaragua y su “democracia revolucionaria”» (Por Víctor Diusabá Rojas, Connectas).
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