En los últimos días, vimos imágenes de protestas masivas seguidas de una brutal represión y enfrentamientos en las principales ciudades de Colombia. El saldo: 20 muertos, 80 desaparecidos y más de 800 heridos, según datos de organizaciones de defensa de derechos humanos. En esta nota, tres claves para entender en profundidad la crisis desatada en el país latinoamericano.
1. ¿Qué pasó? La gota que colmó el vaso
A mediados de abril, el presidente de Colombia Iván Duque envió al Congreso un proyecto de reforma tributaria, denominado «Ley de Solidaridad Sostenible». La iniciativa, que despertó críticas de múltiples sectores, tenía como objetivo aumentar la recaudación del Estado en montos cercanos al 2% de su PBI, que le permitirían al gobierno hacer frente a la crisis económica, sanitaria y social agravada por la pandemia y a los elevados niveles de deuda externa.
Entre los objetivos citados por la iniciativa, se incluían ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda dispare la calificación colombiana de riesgo internacional, institucionalizar la renta básica y crear un fondo de conservación ambiental.
Si bien la reforma contemplaba el aumento de los impuestos a las clases más altas, también incrementaba notablemente la presión fiscal sobre las clases medias y bajas de la sociedad colombiana. Entre otras cosas, proponía aplicar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos de consumo esencial y servicios públicos, como agua, luz o gas; servicios funerarios y objetos electrónicos. También incluía un impuesto a la renta para todo aquel que ganase más de USD 663 mensuales, en un país en el que el ingreso mínimo es de USD 234.
El proyecto presentado por Duque ante la legislatura generó gran indignación… y fue la gota que colmó el vaso. Hacia el miércoles 28 de abril, el movimiento Paro Nacional convocó al paro y a una masiva protesta en todo el país, que se extendió en los días siguientes. Si bien éstas comenzaron de manera pacífica, continuaron con destrozos en edificios públicos y en los sistemas de transporte de las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín o Cali.
Como resultado de las manifestaciones, el ministro de Hacienda y autor de la iniciativa, Alberto Carrasquilla, presentó la renuncia. Además, el presidente Duque retiró el proyecto del Congreso y prometió elaborar uno nuevo, en diálogo con la oposición y movimientos sociales, que no impacte en las clases medias y bajas de la sociedad.
Sin embargo, las movilizaciones continuaron en las principales ciudades del país con demandas mucho más complejas y de fondo: un modelo económico más democrático, justo e inclusivo; una mejora en la estrategia sanitaria y de vacunación y la aplicación efectiva del acuerdo de paz concretado en 2016, entre otras.
La respuesta del gobierno de Iván Duque a las protestas fue brutal: hasta el momento, se registran al menos 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la Unión Europea y múltiples organismos internacionales de defensa de derechos humanos manifestaron su preocupación por lo ocurrido en Colombia y condenaron el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD).
2. La previa: ¿una tormenta perfecta?
Para entender la magnitud de la crisis colombiana, es necesario contemplar el contexto y la historia reciente. Se trata de un país que, luego de atravesar más de 60 años de conflicto armado, en 2016 logró la firma de un importante acuerdo entre el gobierno (encabezado por el entonces presidente Juan Manuel Santos) y los grupos guerrilleros marxistas, que desencadenó un complejo proceso de pacificación que el actual presidente no implementa en su totalidad.
Por otro lado, la economía colombiana es una de las más estables del continente. De hecho, en la crisis de deuda de la década de 1980 fue uno de los pocos países latinoamericanos que cumplió con sus compromisos. Sin embargo, también es el segundo Estado más desigual de la región (sólo superado por Brasil) y posee una de los mayores niveles de informalidad laboral, según datos del Banco Mundial (BM).
Como si fuera poco, la pandemia de COVID-19 golpeó duramente a la economía del país, provocando la mayor recesión en casi medio siglo. En números concretos, la actividad se contrajo un 6.8% en 2020, apenas por debajo de la media regional del 7% anunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a la situación sanitaria, el panorama tampoco es bueno: actualmente el país experimenta un pico de contagios, con un promedio diario cercano a los 306.5 casos por millón de habitantes, que lo ubica entre los Estados más afectados del continente. Además, de acuerdo con Our World in Data, la nación colombiana reporta 8.94 muertes diarias por millón de habitantes, posicionándose quinta en el ránking regional. Al mismo tiempo, sólo el 6.8% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna.
Todos estos datos pueden ayudarnos a entender el por qué de las manifestaciones: un descontento social acumulado, agravado por la pandemia y sus múltiples impactos. Según Daniel Pardo, corresponsal en Colombia para BBC Mundo, el movimiento de protesta (nacido en 2019, pero aletargado en 2020 por la crisis del coronavirus) reclama una economía más igualitaria, una reforma a la policía y una mejor implementación del acuerdo de paz, entre otros.
«Estas protestas recogen la indignación, que se dirige al presidente Duque, pero que son directamente hacia el modelo capitalista impuesto en el país. En estas movilizaciones se repiten las demandas de las marchas de 2019: implementación del Proceso de Paz, evitar que se comentan más masacres, cambio del modelo económico«, señaló Pardo.
«Creo que va más allá de la reforma«, afirmó por su parte la periodista colombiana Laura Leiva a Statu Quo. «La gente está mamada de que no haya garantías ni apoyo. Hay denuncias de que mucha gente no recibió los ingresos solidarios (las ayudas provistas por el Estado para los sectores sociales más afectados por la pandemia) porque muchas empresas los monopolizaron y no los entregaron. Quieren hacernos pagar más impuestos, pero no se ve una devolución por parte del Gobierno«, agregó.
3. Una región convulsionada
La situación en Colombia tampoco está aislada del contexto regional. Desde 2019, Latinoamérica vivió múltiples episodios de manifestaciones y caos institucional, entre los que se encuentran los estallidos sociales de Haití, Honduras, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Si bien muchos pensaron que la pandemia aletargaría a los movimientos de protesta, lo vivido recientemente por las sociedades peruana y colombiana evidencia otra realidad.
Lo cierto es que el coronavirus impactó de lleno en una región – la más desigual del mundo – que ya se encontraba en medio de una crisis latente, combinando un desastre sanitario con recesión económica, incremento de la pobreza y el desempleo y un profundo malestar social con los liderazgos.
Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que este combo explosivo ocurre en los inicios de un «súper ciclo electoral» en Latinoamérica: entre 2021 y 2024, todos los países – con excepción de Bolivia y Cuba – celebrarán elecciones presidenciales y legislativas. En este contexto, el riesgo es que se de una profunda polarización social, con la desaparición de las fuerzas de centro y el surgimiento de nuevos líderes que pongan en entredicho la efectividad de los sistemas democráticos.
«En un contexto como el actual, con un golpazo económico severo que han sufrido en mayor o menor medida casi todos los países de América Latina (…) las corrientes electorales que vamos viendo en los últimos tiempos dan cuenta de cierta polarización. Los centros se van desvaneciendo y los extremos se vuelven más atractivos», señaló en este sentido Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, ante BBC Mundo. Por el momento, el futuro de la región permanece como una gran incógnita.
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