Semanas atrás, la decisión de Turquía de dejar pasar a cientos de miles de refugiados hacia la Unión Europea y los posteriores enfrentamientos en la frontera greco-turca despertaron la atención del mundo. Ambos acontecimientos pusieron en foco lo que podría ser una nueva crisis de refugiados en la región, similar a la que se inició en 2015.

Los hechos también dejaron en evidencia las condiciones inhumanas de los campos de refugiados en Grecia, así como también la falta de una política común de asilo en Europa y las grandes diferencias entre los Estados miembros de la Unión respecto al tema. En este artículo, repasamos los principales puntos de la situación.

Los hechos que desataron la crisis

En diciembre de 2019, el gobierno sirio de Bashar al Assad y sus aliados rusos iniciaron una ofensiva militar en la provincia de Idlib, uno de los últimos bastiones controlados por  grupos rebeldes que, apoyados por Turquía, desafían el poder del dictador desde 2011.

La escalada de violencia generó que aproximadamente un millón de personas abandonaran sus hogares y se refugiaran en la vecina provincia turca de Hatay. Para algunas organizaciones de derechos humanos, se trató de “la peor crisis humanitaria” desde el inicio de la guerra civil siria, hace 9 años. 

Para ampliar: La ONU alerta sobre la situación humanitaria en Idlib (El País, 14 febrero 2020)

Como respuesta a los enfrentamientos, a fines del año pasado Turquía reforzó sus tropas en el país árabe y dio un ultimátum al régimen de Bashar al Assad. Al mismo tiempo, el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que su país no podía hacer frente a una nueva oleada de refugiados provenientes de Idlib y que, de no colaborar, Europa sentiría las consecuencias. “Europa debe cumplir su palabra. No estamos en condiciones de atender a tantos refugiados”, aseguró.  Es importante considerar que Turquía ya aloja a más de 3,5 millones de migrantes sirios y a cientos de miles provenientes de Afganistán, Irán, Iraq y otros países. 

Dos meses después, el 27 de febrero, luego de que 33 soldados turcos fueran asesinados en Siria por fuerzas rusas, Erdogan anunció que ya no impediría a los refugiados entrar a Europa. Hasta ese momento, Turquía y la Unión Europea mantenían un acuerdo, firmado en 2016, el cual establecía que Ankara frenaría a los migrantes que atravesaran su territorio para llegar al viejo continente a cambio de una compensación económica.

La ruptura del acuerdo fue duramente criticado por autoridades europeas, quienes acusaron a Erdogan de utilizar a los refugiados como peones geopolíticos. Analistas sostuvieron que el objetivo de Turquía es trasladar la presión migratoria a sus fronteras con Grecia, para lograr así un apoyo de la Unión en sus enfrentamientos con Rusia y Siria en Idlib. “Turquía está utilizando a esta pobre gente para lograr sus objetivos”, afirmó a El País una fuente gubernamental griega.

Para ampliar: Cómo Turquía convierte en armas a los refugiados (El País, 4. marzo 2020).

Tras el anuncio, decenas de miles de refugiados se dirigieron a la frontera greco-turca, en un intento por ingresar al país heleno y solicitar asilo en Europa. Grecia, sin embargo, movilizó sus fuerzas de seguridad y reforzó los puestos fronterizos, con el objetivo de impedir la entrada de los inmigrantes. 

No tardaron en registrarse graves enfrentamientos entre los refugiados y la policía griega, que utilizó gases lacrimógenos. “Ni los griegos nos dejan pasar, ni los turcos nos dejan volver”, aseguró a El País Zekerya, un joven iraquí, uno de los tantos migrantes atrapados en tierra de nadie. 

En una clara violación a la ley internacional, Grecia suspendió por un mes las solicitudes de asilo. Además, se intensificaron las denuncias por devoluciones en caliente y por represión y robo a refugiados por parte de fuerzas de seguridad. “Al llegar al otro lado, los policías griegos nos pararon. Nos robaron todo, el dinero, los teléfonos, los pantalones de repuesto… Todo. Y nos devolvieron a Turquía”, explicó a El País Masud Haydari, un joven afgano. Habitantes griegos, por su parte, agredieron a refugiados que llegaban a la frontera y a periodistas que cubrían los hechos.

Ante la violencia, la respuesta de la Unión Europea fue limitada. No sólo apoyó la política de mano dura griega, sino que también reforzó su Agencia de Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Por primera vez, el organismo dispone de un cuerpo propio de vigilancia de 700 hombres, que serán desplegados en la frontera con Turquía. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, agradeció a Grecia por ser “el escudo de Europa”. 

Para ampliar: De Idlib a Europa: claves sobre el movimiento de refugiados. (El País, 1 marzo 2020).

La “Europa Fortaleza” y la falta de una política de asilo común.

La crisis de refugiados desatada a comienzos  de año ha puesto en relieve las debilidades de la Unión Europea y su incapacidad para alcanzar una política de asilo común. Según Bernardo de Miguel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apunta a lograr un pacto que combine la mano dura en las fronteras con el reparto de quienes solicitan asilo entre los Estados miembros. El objetivo sería combatir el argumento sobre la aparente “inmigración descontrolada” que amenaza al continente, que le ha garantizado a la extrema derecha muy buenos resultados electorales.

Sin embargo, la estrategia no es sencilla y su efectividad es altamente cuestionable. Por un lado, la política de mano dura en las fronteras no es garantía de que países gobernados por la extrema derecha, como Hungría, estén dispuestos a participar de un reparto equitativo de migrantes. Por otro, las medidas griegas apoyadas por las autoridades de la Unión cuestionan las leyes internacionales y ponen en riesgo los derechos humanos de los migrantes, como es el derecho a la solicitud de asilo. 

Para Jennifer Rankin, periodista de The Guardian, la apertura de fronteras por parte de las autoridades turcas dejó en evidencia el hecho de que, desde la última crisis de refugiados en 2015, la Unión Europea no ha avanzado hacia una política de asilo común. El acuerdo firmado con Turquía en 2016 estableció la política one-in, one-out: por cada migrante que la UE enviaba hacia Turquía a través del Mar Egeo, un refugiado sirio que ya se encontraba en Turquía era relocalizado en Europa. El objetivo aparente era desalentar el cruce hacia el viejo continente mediante traficantes ilegales e incentivar a los solicitantes a permanecer en territorio turco. 

Sin embargo, mientras que Turquía aloja actualmente a 3,5 millones de refugiados sirios, en lo últimos cuatro años la Unión sólo ha relocalizado a 25mil dentro de su territorio. Al momento en que Europa consideraba la crisis de refugiados como finalizada, en las islas griegas del sur se desarrollaba una crisis humanitaria. En el campo de Moria, por ejemplo, ubicado en la isla de Lesbos, viven más de 20 mil migrantes pese a que las instalaciones están preparadas para recibir a 3000. 

La actual crisis pone en jaque algunos de los valores básicos sobre los cuales se ha edificado la Unión Europea: libertad, Estado de derecho, democracia, respeto por los Derechos Humanos, entre tantos otros. Y la manera en que se la afronte marcará, en gran parte, el futuro del continente. Blanca Garcés, investigadora del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), es contundente en sus conclusiones: “La verdadera crisis no son los migrantes, sino esta Unión Europea dividida y recelosa. La solución pasa por entender que la defensa de lo propio pasa por el compromiso con los demás. La política migratoria o será europea o no será. Ello implica necesariamente un reparto equitativo (aunque deba hacerse bajo formas diversas) de la responsabilidad”. 

Para ampliar: “Los refugiados ponen a Europa frente al espejo: ¿puede haber una política migratoria común?” (El País, 7 mar. 2020) y «Moria: la cruel bienvenida de Europa a los refugiados» (El País, 28 nov. 2019).